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  • El 40% de las empresas beneficiarias de los créditos ha solicitado ajustes en las condiciones ante la dificultad para afrontar los pagos
  • El 70% de la financiación se ha concedido a pymes y autónomos. Por sectores: turismo, ocio y cultura encabezan los créditos ICO
  • Los sectores más afectados por la pandemia reflejan un incremento en la tasa de crédito dudoso del 30%

Al menos, uno de cada dos euros prestados por el sistema bancario español con avales del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), se siguen muy de cerca por miedo al impago, al estar ubicados dentro de los sectores más castigados por la situación económica vivida en los últimos años.

«El 50% del total de la financiación facilitada se concentra en cinco sectores económicos (turismo, ocio y cultura; construcción e infraestructuras; servicios empresariales y profesionales; bienes de equipo e industriales y distribución de alimentos y bebidas), los cuales, por su naturaleza, han sido significativamente afectados por la pandemia”.

En concreto, se trata de unos 50.000 millones de euros, según las cifras que maneja Axis Corporate de manera interna. Un total que se reparte de la siguiente manera: 14.841 millones de euros dentro del sector del Turismo, Ocio y Cultura; 10.735 millones en el área de infraestructuras y construcción; 8.846 servicios empresariales y profesionales; 8.232 para los bienes de equipo e industriales y unos 7.554 millones en distribución de alimentos y bebidas. Los datos recopilados alertan adicionalmente de que parte de estos créditos se están deteriorando con cierta rapidez.

«Se puede observar que, en los sectores más afectados por la pandemia, se ha producido un incremento en la tasa de crédito dudoso del 30% respecto al semestre anterior”, con datos a mitad de 2021. Además, Axis Corporate advierte de que no se trata de un crecimiento temporal, sino que estima “que siga aumentando en los próximos meses”. Y esta tendencia al impago se extiende también en el resto de sectores no castigados tan directamente por la pandemia.

“Esto provoca que, en términos agregados, los préstamos que se encuentran en seguimiento especial y dudoso hayan aumentado, tanto en autónomos como en empresas. Por ello, el Banco de España se ha mostrado reacio a que las entidades financieras liberen provisiones”

Además, el sector financiero no solo sigue de cerca las advertencias del Banco de España, sino también otros datos relacionados con la posible evolución de este tipo de préstamos.

“Más del 40% de las compañías que han solicitado aval del ICO para hacer frente al pago de sus obligaciones requirieron cambios de plazo y/o carencia porque no podían cumplir con las mismas”.

Además, también se puede observar como el tiempo de pago en el sector privado ha crecido notablemente a lo largo del 2021. Así, el plazo medio de pagos se situó por encima de los 90 días 2021 en una tendencia alcista respecto a los datos de periodos anteriores similar a vivida en el periodo 2008-2012 durante la pasada crisis económica.

“Aunque este retraso en el pago viene siendo habitual en nuestra economía, el 27% de las compañías ve comprometida la viabilidad de su negocio, en caso de que los retrasos en los pagos se conviertan en algo estructural. Otro dato especialmente preocupante se encuentra en la ratio de impago de facturas, que ha pasado de ser de un 3,1% en 2019 a un 5,4% en 2020 y un 4,8% en 2021; lo cual, de no corregirse, supondría un incremento en el incumplimiento de las obligaciones financieras de las empresas”.

Esta situación se ve evidentemente agravada por la situación económica actual, con la inflación disparada, el coste energético en máximos históricos y la guerra en Ucrania. Por ello, el Gobierno está planeando por un lado poner a disposición de los sectores más afectados otra línea de avales por importe de 10.000 millones de euros de los 36.000 millones aun disponibles de la línea de avales del coronavirus, así como extender el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados. No obstante, “si no se producen cambios drásticos en el entorno económico estas medidas puede que sólo consigan dilatar más allá del 2Q de 2022 la entrada masiva de impagos”.

¿Qué puede hacer la banca?

El seguimiento y monitoreo de los créditos que pueden caer en impago es solo el primer paso para la banca. Así, el proceso para intentar paliar los efectos sobre el balance debe ir más allá de la operativa de recuperación adelantándose al potencial impago y poniendo claramente el foco en el recobro y posible reestructuración. Una de las soluciones pasaría por implantar un modelo ad hoc de prevención del impago y recuperación de deuda. Un sistema que debería centrarse, principalmente, en PYMES y autónomos, ya que conforman el grueso del crédito actualmente monitorizado por las entidades bancarias para lo que se hace indispensable el estudio pormenorizado de cada caso: desde los criterios no financieros a la viabilidad de negocio en cuestión y ligado al propio sector y su evolución, pasando por el análisis detallado de garantías en el caso que las hubiese.

“Esto supondrá un reto para las entidades financieras a la hora de gestionar estos préstamos en impago debido a la peculiaridad de contar con el aval estatal, el cual se ejecutará únicamente cuando se hayan agotado previamente el resto de las vías recuperatorias (bienes del deudor y avalistas no estatales), por lo que será cada vez más necesario contar con equipos de expertos que aporten modelos basados en el establecimiento de la estrategias prioritarias con enfoque claramente preventivo en función del segmento donde se enmarque el cliente, una asignación de recursos eficientes acompañados de modelos de IA y de procesos y canales digitales que se alineen con las  estrategias de gestión y un control de la puesta en marcha y de los resultados obtenidos por los diferentes intervinientes en el proceso, todo ello bajo una visión holística que integre toda la cadena de valor y que de la misma se deriven los potenciales impactos.”